Personal de URIV participó en la mañana de este jueves de una orden de desalojo. Todo se precipitó luego de que la justicia fallara a favor de la parte que reclamaba la titularidad del terreno de Ayacucho al 2300 donde se edificó una vivienda. Lo más llamativo de la situación es que la persona que levantó la casa había recibido el visto bueno de la gestión municipal de Juan Carlos Bacalini, según el relato que pudo esgrimir.  

Ambas partes coinciden en lo que dictaminó la justicia en una tribunal de segunda instancia, dado que en primera medida se había fallado a favor de la familia que finalmente fue desalojada. Pero eso no impidió que se llegara hasta las últimas consecuencias. Esta mañana, con presencia del personal policial, arribó un cerrajero para cambiar las cerraduras de la vivienda y retiraron a la dueña del hogar.

Claudia Segantini, la mujer que fue retirada de su casa, enfrentó los micrófonos a modo de reclamo y comentó: "Me están sacando por la fuerza y encima no me quieren pagar el valor de la casa". En ese punto detalló que espera recibir una suma compensatoria que habría sido tasada por dos inmobiliarias de la ciudad. Mientras tanto, quedaría resguardada en la casa de un familiar.

Por su parte, Jorge Gentili, quien pudo probar la titularización del espacio sobre el cual se construyó el hogar del conflicto, relató: "No me voy a quedar con lo que no me corresponda. No sé cuanto sale la vivienda. Estamos negociando hace doce años". 

El desalojo ya es un hecho, pero aun quedan aristas por pulir en medio de un clima enrarecido por las irregularidades.