El sector de la industria maderera no está atravesando un buen momento y son varias las voces que se levantan en la región para visibilizar el reclamo. Por un lado, los trabajadores reclaman aumento de sueldo y estabilidad laboral, y por el otro las empresas advierten que el sector está en peligro por una serie de factores que confluyen hoy en su horizonte.

El secretario adjunto de la Unión Obrera y Empleados de la Industria Maderera, Roberto Tabares, explicó en diálogo con Radio Casilda que están solicitando “una recomposición salarial del 35 por ciento, un 20 por ciento en junio y el resto en septiembre" y remarcó: "Sabemos incluso que este 35 por ciento es poco porque la inflación nos está afectando mucho”.

Desde el gremio solicitan “una paritaria zonal” para intentar paliar la situación de los trabajadores. El viernes pasado, trabajadores se manifestaron frente a la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez, donde hicieron entrega de un petitorio. “El viernes de esta semana nuevamente nos vamos a manifestarnos y esperamos respuesta al petitorio”, agregó Tabares.

Pero no se quejan solo los empleados. Los industriales madereros también están preocupados por la situación del sector y lo dejaron en claro en un documento elaborado por la Cámara de la Madera de Cañada de Gómez que se presentará al gobernador Miguel Lifschitz en la reunión de gobernadores de la Región Centro a realizarse en los próximos días.

Entre los puntos que les preocupa se encuentran el tarifazo eléctrico, la baja de las ventas y la amenaza ante la posibilidad de la apertura de las importaciones. Según señalan, este marco pone en peligro puestos de trabajo y continuidad de empresas.

“Según informes centralizados en nuestra Federación (Faima) y considerando las distintas realidades geográficas y segmentos del mercado, podemos ver una baja del 40 al 50 por ciento en las ventas desde principio de año si comparamos con el mismo período de 2015”, expresa el comunicado de los industriales. 

A esto se le suma “el brutal impacto de la suba de los servicios públicos” y “la constante amenaza que representa para el sector la posibilidad de ingreso de muebles de Brasil”. Sobre este último punto en particular, “debemos recordar que de concretarse la amenaza esto significaría el cese y cierre definitivo de todo el sector (ya sufrido en la década del 90) y se eliminarían del mapa productivo de la provincia más de 400 pymes y más de 5000 puestos de trabajo directo”

Por todo esto reclaman “adoptar medidas tendientes a reactivar el mercado interno, reducir los efectos del tarifazo en las servicios esenciales a la producción y solicitar al gobierno nacional la urgente instrumentación de herramientas de protección del mercado interno para evitar la desaparición de nuestra industria”.