Entidades que agrupan a familiares de víctimas de siniestros viales expresaron el firme rechazo que les inspiran dos proyectos de ley que trata el Congreso nacional debido a las penas que contemplan como sanción para quienes cometan este tipo de delitos. En el reclamo están los representantes de la agrupación casildense Prohibido Olvidar.

A través de una carta dirigida a la diputada nacional por Santa Fe Gisela Scaglia, las ONG Activivas, Foro Fliares de Víctimas de Siniestros Viales de Córdoba, Estrellas Amarillas Junín, Grupo 16 de Agosto Olavarría, Aciverjus Gualeguaychú y Prohibido Olvidar de Casilda hicieron llegar a la legisladora su “consternación ante la posibilidad de que en la última sesión del año, este miércoles 30, la Cámara sancione el proyecto CD 20/15 que trató el Senado. No avalamos -dicen en la carta- ni el original que ustedes votaron en junio de 2015 ni el que recibió modificaciones del Senado”.

De acuerdo con lo que señalan, la iniciativa parlamentaria “adolece de un grave error porque penaliza la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria con víctimas mortales (2 a 5 años) y en el párrafo siguiente cita los agravantes y les impone una escala de 3 a 6 años, pero todos ellos son transgresiones a la norma y están implícitos en el párrafo anterior. Los jueces recurrirán a la pena más benigna, y los imputados la pedirán con derecho”.

Lo que las entidades reclaman es “una escala penal como la que tienen otros países: Chile, España, entre otros; que tienen penas de cárcel efectiva, 4 años de mínima, y no permiten la excarcelación por alcanzar la máxima de 8 años.  En ambos países hay presos por graves delitos viales y aunque en todas partes existe resistencia, cada una de esas sociedades va encontrando un camino para la equidad judicial en materia vial”.

“No somos expertos pero preguntamos a un juez y dos fiscales por la aplicación de este proyecto y nos respondieron sin dudar que no mejorará la tarea de la justicia. Para nosotros eso es de por si grave. Cambiar para que nada cambie es mucho peor”, agregaron.

Con respecto al proyecto que se votó recientemente en el Senado, “le hicimos llegar al senador (Rodolfo) Urtubey nuestras observaciones sobre su dictamen, finalmente aprobado: destruye la figura de dolo eventual; abrirá un abismo penal con su concepto poco claro sobre lo que es vehículo motor, porque lo reduce al auto; hace gala de una subjetividad extrema al hablar de agravantes como  la ingesta de alcohol y la velocidad que serán probados en sus máximos según la significancia que cada juez les otorgue. Un absurdo absoluto”, sostienen los representantes de las mencionadas entidades.

A raíz de esta situación, señalan sentirse “muy apesadumbrados”, explicando que “hay siempre mucha expectativa entre los familiares de víctimas viales cuando se trata de modificar el Código Penal. Pero el Congreso no consulta a las entidades que trabajan en el interior. Solo escucha a alguna que tiene mayor acceso mediático pero no representación en el resto del país. Y eso no alcanza. Ustedes todavía no han advertido lo lejos que están de los que sufren violencia vial. Queremos un proyecto con cambios serios. Y somos muchos más que los que firmamos en todo este bendito país”.

La carta está firmada por los representantes de cada una de las entidades: Ema Cibotti, Marcela Alfaro, Adriana Liborio (Prohibido Olvidar de Casilda), Marilyn Rege, Bettina Colossi, Germán Block, Gerónimo Bonavera (reconocido activista, que a menudo realiza charlas para concientizar sobre temas viales).