*https://www.rosarioplus.com/opinion/La-persistencia-catalana-por-abandonar-Espana-20170728-0042.html*
*/contenidos/2017/07/28/noticia_0042.html*

La persistencia catalana por abandonar España

La mayoría nacionalista gobernante en Cataluña insiste en su política de escindir ese territorio para conformar un nuevo Estado

El 1° de octubre podría celebrarse un referéndum cuya pregunta sería: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?". Así lo anunció el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont el pasado 9 de junio, invocando el “derecho legítimo a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña". Agregó que, a diferencia del realizado en 2014, este referéndum tendrá carácter vinculante, porque se trata de un “instrumento avalado por una amplia mayoría política y social” de catalanes.

Sin embargo, la celebración de la mencionada consulta popular no cuenta con la aprobación del gobierno español, porque, entre otras cosas, desconoce el texto de la Constitución del Reino de España. Por lo tanto, sería lisa y llanamente ilegal además de ilegítimo, dado que desconocería la voluntad del resto de los españoles respecto de un eventual desmembramiento del país.

De este modo, la convocatoria realizada por el gobierno catalán activa lo que se conoce como "vía unilateral" hacia el referéndum, con lo cual, lo único garantizado es que en los próximos meses la tensión entre la Generalitat (gobierno autonómico catalán) y el gobierno español, irá en aumento.

Caminos alternativos

Existen desde dudas respecto de que finalmente el referéndum termine celebrándose, hasta hipótesis tejidas en torno a su eventual resultado. 

El primer paso de la compleja hoja de ruta a seguir, sería que el gobierno catalán convocara oficialmente a la votación. Hasta ahora, el anuncio de Puigdemont fue solamente eso, un anuncio, que sirvió para hacer pública la pregunta y la fecha. Por su parte, se espera que el gobierno español active los recursos de los que dispone para intentar evitarlo.

Puigdemont y un incómodo saludo al Rey de España en el aniversario de Barcelona '92 (EFE)

El antecedente más cercano a esta disyuntiva tuvo lugar con motivo de la consulta sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014. En aquella oportunidad, el gobierno español recurrió al Tribunal Constitucional, que le dio la razón. De acuerdo con el ordenamiento jurídico español vigente, la celebración de un referéndum de secesión debería pasar por una reforma previa de la Constitución Española, la cual es susceptible de ser reformada inclusive en sus principios fundamentales como el de unidad. Sólo se exige que se haga por las vías previstas para ello. Ante la declaración de inconstitucionalidad, el gobierno catalán de ese entonces se desvinculó oficialmente de la votación, que fue finalmente planteada como una consulta ciudadana organizada por voluntarios. Con una participación del 37 por ciento y un apoyo del 80 por ciento a la independencia, aquella votación careció de efectos vinculantes y no tuvo valor legal. 

Pero los términos planteados por Puigdemont para el referéndum del 1° de octubre le otorgan carácter vinculante. Es por eso que el gobierno de Mariano Rajoy ya anunció que los actos jurídicos van a ser impugnados y suspendidos mientras el Tribunal Constitucional resuelva el fondo de la cuestión. 
Una sentencia del Tribunal Constitucional contra la legalidad del referéndum pondrá al gobierno catalán en una encrucijada: seguir adelante o desistir. Pero independientemente de los vericuetos legales, lo que prevalece por sobre todo el escenario político futuro es la incógnita. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, las autoridades catalanas decidieran seguir a delante con el referéndum, desobedeciendo al Tribunal constitucional?

Esa hipótesis conduciría a que el gobierno español debiera actuar, porque la decisión de los nacionalistas catalanes de seguir adelante pese a una suspensión judicial implicaría la desobediencia civil por parte de funcionarios del Estado, lo cual podría tener implicaciones penales de gravedad.

Podría haber violencia

El Estado español dispone de instrumentos para intentar frenar el referéndum, entre ellas la activación del artículo número 155 de la Constitución, que le permite al gobierno suspender temporalmente algunas competencias de las autonomías. Entre ellas se encuentra la cuestión presupuestaria, dado que el gobierno central podría congelar el dinero que coparticipa a la Generatlitat, deteniendo de hecho el funcionamiento del Estado catalán. 

Pero la cosa podría ir más allá, porque el gobierno español podría hacer actuar a las fuerzas de seguridad e inclusive, detener a los funcionarios que fueran acusados de sedición. Mariano Rajoy ya dio instrucciones precisas de monitorear el gasto público catalán para detectar que ni un solo euro sea utilizado en el referéndum.

Rajoy, una vez más desafiado por el separatismo catalán

Por su parte el gobierno catalán estaría trabajando en la creación de un andamiaje jurídico que le diera sustento legal a sus acciones. Se estima que estaría en proceso una ley de “transitoriedad jurídica" que le diera legalidad y legitimidad a una eventual declaración de independencia. Pero esta posibilidad conduciría igualmente a una dura colisión con el gobierno central.

Sondeos y elecciones

Sin embargo, sería factible que la más que probable sentencia judicial suspendiendo el referéndum hiciera aflorar las divisiones latentes entre los independentistas y, en ese caso, habría que ver qué sector logra imponerse, si los duros, dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, o los blandos, que preferirán convocar a elecciones parlamentarias. 

De acuerdo con los sondeos de opinión, la mayor parte de la sociedad catalana estaría a favor de realizar un referéndum, pero no a través de la vía unilateral. Los sondeos también señalan que alrededor del 48 por ciento de los catalanes se inclinarían a permanecer en el reino de España y entre el 41 y el 42 por ciento serían proclives a independizarse. ¿Por qué no dejar entonces que el referéndum se realice? Porque existe una distorsión relacionada al grado de participación popular. Los mismos sondeos arrojan que poco más del 65 por ciento de los catalanes habilitados para votar concurriría efectivamente a las urnas, y la mayoría de ellos son quienes tienen convicciones políticas más fuertes, es decir, los nacionalistas. De tal manera que terminarían por vencer en el referéndum y conducirían a Cataluña a un futuro incierto. 

Otra posibilidad que no debe descartarse, es que se convoque a elecciones anticipadas y el pueblo catalán ratifique o rectifique el rumbo del actual gobierno autonómico antes de la consulta popular. Por su parte, el gobierno español no saldría indemne de una prohibición sin más de la realización del referéndum, dado que desconocería así la voluntad de la mitad del pueblo catalán. Nada puede descartarse en el escenario actual. La única certeza es que una declaración unilateral de independencia de los catalanes constituiría un movimiento sin precedentes en el mundo con consecuencias difíciles de predecir, y con costos demasiado altos tanto para España como para Cataluña.

COMENTARIOS

*Los comentarios que integran esta discusión no representan la opinión de casildaplus. Son opiniones personales de los usuarios

Seguí leyendo