El Gobierno nacional presentó este jueves un proyecto de ley en el Congreso para impulsar el uso de los dólares que están fuera del circuito formal. La iniciativa, anunciada por el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, busca instalar un nuevo paradigma impositivo, con el fin de “abandonar el régimen persecutorio” y brindar mayor previsibilidad fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó el anuncio desde Casa Rosada.

El proyecto plantea modificaciones claves en la ley penal tributaria y en los procedimientos de control, con el objetivo de estimular la incorporación de capitales informales a la economía. Entre los puntos destacados, se reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción para la determinación tributaria, se eleva el umbral de evasión simple —actualmente en $1,5 millones— y se limitan las herramientas para que el Estado inicie acciones penales contra los contribuyentes.

“Rige el principio de inocencia fiscal”, subrayó Pazo, quien además detalló que, si se aprueba la ley, unas 7.500 causas penales abiertas quedarían reducidas a solo 200. También sostuvo que el nuevo enfoque permitirá a personas y pymes utilizar dólares ahorrados para operaciones cotidianas, sin temor a ser perseguidos. “Si te adherís, pagás y te despreocupás. Nadie va a ir detrás de tus ahorros porque son tuyos”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Espert cargó contra la oposición y apuntó especialmente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien tildó de “soviético”. En la misma línea, sostuvo que el proyecto representa un cambio de raíz en la lógica impositiva del país: “El Estado es el que está en falta con los argentinos. Esto es una forma de reparar esa deuda”.

El segundo eje del proyecto incluye el blindaje definitivo del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, ya anunciado por el Ejecutivo. Esta medida permitiría a los contribuyentes declarar y tributar únicamente sobre sus ingresos, sin que su patrimonio personal sea motivo de fiscalización. “Queremos garantizar que ninguna administración futura revierta este camino”, señaló Pazo, mientras el oficialismo acelera gestiones para que la ley obtenga respaldo legislativo en las próximas semanas.