El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria atraviesa un momento de incertidumbre frente al avance de la Ley de Bases que se discute en el Congreso. Si el decreto presidencial habilitado por dicha ley se aprueba, implicaría modificaciones directas a la normativa que dio origen al organismo, afectando pilares esenciales de su funcionamiento.

Uno de los principales puntos es la autarquía del INTA. La modificación abriría la posibilidad de un financiamiento discrecional, lo que comprometería su independencia técnica y operativa, elemento clave para garantizar la calidad y objetividad de sus investigaciones y acciones en el territorio.

También se vería comprometida la gobernanza institucional. El actual Consejo Directivo Nacional, que responde a un equilibrio entre sectores y regiones, podría quedar bajo la influencia del gobierno de turno. Esto implicaría una pérdida de representatividad federal y de autonomía en las decisiones estratégicas, que hasta ahora han estado guiadas por el conocimiento técnico.

Otro aspecto sensible es la posible alteración del modelo de descentralización, que ha sido una marca distintiva del INTA. Con una reasignación desigual de los recursos, podrían producirse cierres de unidades, recortes de personal y designaciones sin respaldo técnico. Esto atentaría contra la capacidad del organismo para sostener su presencia en el territorio y su rol clave en el acompañamiento al productor agropecuario.

Desde el organismo advierten que lo que está en juego va mucho más allá de una reestructuración administrativa, ya ue se pone en peligro la misión del INTA de construir futuro desde la ciencia aplicada y la extensión pública. 

El actual proceso de retiro voluntario ya dejó vacíos importantes que comprometen la continuidad de proyectos, redes técnicas y vínculos con las comunidades rurales construidos durante décadas.