La Comisión Episcopal de Pastoral Social de Argentina ha emitido una declaración contundente en relación con el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en el país. Bajo el lema "Más oportunidades que penas. NO se trata de bajar la edad de imputabilidad, SÍ de asumir cambios profundos", la entidad eclesiástica plantea su postura frente a una problemática que afecta a la sociedad en su conjunto.

A su modo de ver las cosas, la asociación asegura que desde hace décadas, Argentina ha experimentado dificultades en la generación de una cultura del trabajo inclusiva, lo que ha derivado en una crisis social que impacta en la seguridad y en el aumento de la delincuencia juvenil. 

Ante esta situación, la Comisión garantizó su solidaridad con las víctimas de la violencia, incluyendo aquellas afectadas por delitos cometidos por menores, aunque advirtió que el enfoque exclusivo en los jóvenes como principales responsables de la criminalidad es “erróneo”. 

“Según estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal, los menores representan un porcentaje reducido del total de delitos cometidos en el país”, detallaron desde el Episcopado.

La Comisión también destacó que la baja de la edad de imputabilidad no es la solución al problema de la inseguridad, ya que no aborda sus causas estructurales. “Factores como el narcotráfico, el consumo de drogas y la falta de oportunidades son elementos clave en la propagación de la violencia entre los jóvenes”, insistieron. En ese punto, la Iglesia enfatizó la necesidad de combatir el narcotráfico y de fomentar espacios de contención social y educativa en lugar de reforzar la estructura penitenciaria.

Además se plantearon interrogantes que se consideran fundamentales. ¿Dónde se recluiría a los menores en caso de reducirse la edad de imputabilidad? ¿Existen dispositivos adecuados en las provincias para su reinserción? La Comisión sostiene que los establecimientos penitenciarios no ofrecen condiciones propicias para la rehabilitación y que la solución no radica en más cárceles, sino en más escuelas, docentes capacitados y proyectos educativos que promuevan una verdadera cultura del cuidado.

La Comisión Episcopal subrayó que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debería priorizar la reinserción social y educativa de los jóvenes en conflicto con la ley. “La urgencia es la de mejorar el sistema educativo, particularmente en los barrios más vulnerables, fortaleciendo estructuras escolares, clubes, polideportivos y otros espacios de participación comunitaria”, remarcaron. .

Finalmente, la declaración llama a “la grandeza política”, para implementar políticas públicas a largo plazo que brinden a los adolescentes y jóvenes oportunidades de desarrollo y esperanza, alejándolos de caminos destructivos. La Comisión instó a todos los sectores de la sociedad, desde el Estado hasta organizaciones sociales y religiosas, a asumir su responsabilidad en la construcción de un país con más oportunidades y menos exclusión.

"Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos", concluyó la misiva, citando a la figura de su Santidad, el Papa Francisco. 

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