En el marco del proceso de privatización que impulsa el Gobierno Nacional se lanzó esta semana la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. El nuevo esquema busca transferir a manos privadas el mantenimiento y explotación de 528 kilómetros de rutas nacionales, a cambio de que las empresas adjudicatarias garanticen su conservación y mejoras.

El paquete de concesión incluye la Ruta Nacional 33, la Ruta 9 y un tramo de la Autopista Rosario-Buenos Aires. El objetivo es que una misma firma asuma la totalidad de un corredor vial clave en las conexiones portuarias.

Como parte del proceso, el próximo 13 de junio a las 10 de la mañana se realizará una audiencia pública en San Nicolás. Según indicaron fuentes oficiales, estas instancias de participación buscan promover una mayor competencia, generar mayor transparencia y confianza en la gestión de las concesiones.

Además, el organismo nacional será el nuevo encargado de supervisar y controlar los contratos viales, tanto los actuales como los que se establezcan a futuro.

Uno de los puntos centrales del pliego es la exigencia de repavimentación y construcción de banquinas en la Ruta Nacional 33, junto con la mejora del sistema de iluminación y la reparación de luminarias. También se propone reactivar cinco estaciones de peaje que fueron desmanteladas en los últimos años: Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Casilda y Venado Tuerto.

La propuesta se enmarca en una estrategia gubernamental orientada a trasladar la gestión de la infraestructura vial al sector privado, bajo el argumento de optimizar recursos y mejorar el estado de las rutas del país.