Las voces de la ciudad retumbaron en el parlante de Radio Casilda. Primero el concejal justicialista Andrés Golosetti reclamó al municipio una gestión ardua en defensa de los usuarios. "Parece que están sin reacción. La gente necesita que su intendente los respalde ante algo que no tiene pies ni cabeza", disparó. "No se entiende que una boleta de gas valga lo mismo que un alquiler en el mejor barrio de la ciudad, es descabellado esto no tiene razonabilidad", afirmó y agregó que "es de una miopía vinculada a la distancia que hay entre Puerto Madero y Casilda, o es pura ignorancia. En los dos casos es muy grave. La forma de reaccionar de los pueblos es a través de su intendente".

La respuesta de Juan José Sarasola, no tardó en llegar. "Los amparos están presentados. Si la Justicia falla y hace lugar a la cautelar, tienen el alcance de poder incluir a los usuarios de Casilda. Eso diversifica la demanda sobre jueces distintos que pueden resolver hasta en contradicción", indicó el mandatario y aseguró que "la Justicia federal lo tiene en sus manos". Al mismo tiempo, recordó que "en 2014 se hizo una cautelar y tuvo efecto en San Nicolás y alcanzó a Casilda. Se frenó el aumento por dos años y luego cayó".

En ese sentido, Sarasola razonó que ahora "hay que apuntar a dar respuestas a todos. No es sobrellevar el mientras tanto y que el problema vuelva a surgir porque lo pateamos para adelante. No podemos pensar en soluciones que llenen un título de un diario sino que hay que ir a fondo.  Nosotros no somos los que tomamos las decisiones, aplicamos lo que se toma a otra instancia".

Golosetti había citado a Patricia Ferraretto, asesora legal del municipio, a quien consideró muy eficiente ya que, según sus dichos, "es la mejor abogada de la zona en este tipo de causas y tiene sobrados antecedentes".  "Pero parece que ahora que son oficialistas no reclaman más por el usuario. Eximo a la doctora de la responsabilidad, porque ningún abogado actúa per se. Acá el que está fallando es el intendente", lanzó.

Ferraretto, que además es esposa de Sarasola, también recogió el guante y dio su testimonio en función de la actividad que están llevando a cabo. "La asesoría legal y técnica está abocada al seguimiento de todo este proceso de contención de los usuarios. Nunca he visto algo que desborde al parámetro racional", explicó, y agregó que "en estos casos hacemos tres distinciones; imposibilidad, dificultad y resistencia al pago".

La letrada indicó que "hay tres tratamientos diferentes". "El primer caso está abocado a la contención del usuario social, que debe presentar la documentación ya que hay zonas grises. Ahí evaluamos el amparo o ayuda extra para no dejarlo ante la posibilidad de corte. El segundo caso refiere al típico del comerciante que tiene una dificultad imposible de sobrellevar afrontando la factura, porque genera ingresos pero el volumen facturado es muy grande tal como le sucede a la clase media general. En el tercero, tratamos de hacer entrar en razón. Sabemos que la situación es crítica pero trabajamos para el delicado equilibrio entre la empresa privada de participación estatal mayoritaria que provee el gas, donde la municipalidad está implicada sin tener injerencia en la fijación de la tarifa". "Vamos a ver cómo evoluciona la mora y abarcar lo máximo posible. Tratamos de contemplar caso por caso y situación por situación", cerró.