En la mañana de este viernes y hasta pasado el mediodía se fueron desarrollando diversas audiencias imputativas entre las que se encuentra un delito de robo y cuatro abusos sexuales. De estos últimos, dos tuvieron como epicentro a la localidad de Arequito.

La primera de ellas que se concretó en horas tempranas, tuvo que ver con un caso de amenazas y resistencia a la autoridad por parte de un hombre que ya se encontraba en prisión preventiva domiciliaria y desde el tribunal, la jueza Mariel Minettti, decidió prorrogar el tiempo por 70 días.

En segundo término se trató un caso que pasó a tener la figura de tentativa de robo -estaba caratulado como robo calificado-, ya que no se pudieron comprobar ciertos detalles de la acusación. Se relacionaba con el hurto de materiales del cementerio local. Pena en expectativa para el acusado, pero en libertad.

En tercer lugar, el juez Carlos Paretto fue quien determinó una reclasificación para un caso ocurrido en Casilda, que se cataloga, de ahora en más, como de abuso sexual simple en el marco de un juicio abreviado. El culpable asumió su responsabilidad ante la justicia, fue imputado y seguirá en prisión domiciliaria. Fue condenado a 3 años en prisión en suspenso respetando ciertas pautas de conducta.

Un hombre de Arequito fue el protagonista de la cuarta audiencia del viernes. Se lo acusa de abuso sexual contra su propio nieto. La jueza Mariel Minetti resolvió la prórroga de prisión preventiva domiciliaria hasta que se realiza la audiencia preliminar al juicio. Quedará alojado en el domicilio de un familiar, quien será la garantía del cumplimiento de la medida. El plazo sería hasta el mes de febrero de 2020. 

Finalmente, la quinta involucra a dos jóvenes de arequitenses que abusaron sexualmente en la vía pública de otra joven de dicha localidad. Ambos se encontraban en prisión preventiva en la alcaidía de Casilda y continuarán bajo esa modalidad por 48 días, hasta que se vuelva a revisar la medida cautelar. Los imputados tienen dos defensores diferentes. Uno de ellos es representado por Roberto Casadei, en tanto que el segundo responde al defensor público, Fernando Ritondale.