El uso de agroquímicos es un tema sensible en toda la región. Como parte del corazón productivo agropecuario del país, la provincia de Santa Fe es de las más afectadas por el uso de elementos que configuran un verdadero peligro para la salud. Durante la última semana, el caso de Don Diógenes, un hombre de 75 años habitante de la localidad de Marcelino Escalada, departamento de San Justo, conmovió a la opinión pública. La víctima sufrió dos rociamientos en noviembre, con consecuencias fatales. Murió el lunes 8 luego de estar internado alrededor de un mes.

Diógenes Chapelet acusó broncoespasmos y petequia, una reacción que se manifiesta en la piel debido a la rotura de capilares sanguíneos, en el proceso que llevó a su deceso. Durante esos días, la Fundación Muyuqui, de San Justo, brindó apoyo a los familiares, que en el medio de ese trance fueron visitados por el presidente comunal José Falleto, dueño del terreno lindero a la casa de Diógenes desde donde provinieron las fumigaciones, y el técnico fitosanitarista Horacio Pennino, ingeniero agrónomo casildense que forma parte del Ministerio de Producción. Lo grave fue que ambos funcionarios quisieron presionar a los familiares para firmar un documento para que se siga permitiendo la fumigación de los campos cercanos. Ante la negativa, la familia Chapelet recibió varias amenazas.

Fabrizio Esparza, integrante de Muyuqui, habló con Radio Casilda al respecto de la problemática en los pueblos cercanos a San Justo y expresó: “Lo único que les interesa y ponen sobre el tapete, es lo económico, de lo demás no se habla. No se pone en la balanza la salud de las personas”. Desde la ONG, que se opone al uso de agroquímicos desde hace más de una década, se planteó mediante precedentes en varios puntos del país, que hubo penas de prisión para quienes utilizaron tóxicos en zonas periurbanas, pero que lo expuesto no se comprendió fuera de argumentos ligados a lo económico. Sólo la causa tomada ante el caso por el fiscal de San Justo, Guillermo Persello, hizo cambiar de parecer a la comuna de Marcelino Escalada, que se habría comprometido a prohibir las fumigaciones en sectores cercanos a casas.

El tema tiene un caso testigo con epílogo fatal. Lo que se viene advirtiendo también en Casilda, donde desde las autoridades prácticamente se ignora la utilización de químicos que denuncian los vecinos de varias zonas, demuestra situaciones trágicas en varios lugares. Por ejemplo, en General Alvear, donde recientemente un niño murió por comer una galletita que habría estado contaminada con un peligroso pesticida.