Recientemente el presidente comunal de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani, presentó los resultados de la auditoría que fija la Ley N° 2.439 con la finalidad de verificar sobre cuestiones relevantes de deudas pre-existentes en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 10 de diciembre de 2015, donde se analizaron aspectos administrativos, legales y tributarios de la comuna de esa localidad por el cambio de autoridades comunales.

“Uno de los hallazgos de dicha auditoria fue registrado sobre el informe que la comisión comunal saliente señalaba que las deudas registraban un valor de $-863.029,86, mientras que, conforme lo verificado, la deuda de órdenes de pago de proveedores pendientes de cancelación ascendía a $-1.496.594,64 (cf. la propia Acta N°17 de reunión de la Comisión Comunal saliente)”, señala el informe.

Además “se verificaron varias órdenes de pago no canceladas correspondientes al ejercicio de la Comisión saliente cuyo monto global asciende a $63.254,50. Así como también se detectó deuda con la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) de septiembre, octubre y noviembre de 2015 por un monto acumulado de $232.209,42. Lo que refleja el 26,90% del total de la deuda informada por la comisión saliente ($863.029,86)”.

También se constató “deuda con personal por un monto de $139.226,00 referido a horas extraordinarias realizadas por el personal. Asimismo al cierre de la fecha de finalización de la Auditoria efectuada (9 de marzo de 2016), continuaban llegando facturas correspondientes a gastos ejecutados en el período de la anterior gestión, que aumentan las cifras declaradas”.

Otro de los puntos advertidos por la auditoría de la gestión comunal anterior, encabezada por Enrique Manjón (hoy titular de la Dirección Provincial de Proyectos Sociales), que al igual que Ruani representa al Frente Progresista, habla de “la gran cantidad de ordenanzas comunales destinadas a la transferencia de bienes de capital (terrenos), los cuales habían sido declarados sin utilidad para fines comunales (52% de las ordenanzas dictadas) y habían sido destinado a paliar gastos corrientes”.

En cuanto a licitaciones públicas para venta de terrenos “se detectaron errores de orden administrativo de las etapas del procedimiento licitatorio para la venta de inmuebles, por ejemplo, mediante acta N° 16 de fecha 4 de noviembre de 2015 se procede a la apertura de sobres de oferentes de las licitaciones públicas N° 10 (Manzana 151) y 11 (Manzana 55 B° Batis Carrazco), pero el llamado a licitación para que se presenten oferentes se registró por Ordenanza N° 26 y N° 27 de fecha 9 de diciembre de 2015, es decir fue posteriormente a la apertura de los sobres de Oferentes (Acta N° 17)”.

“Por otro lado -continúa- no consta ninguna documentación de los reclamos ni sustanciación del procedimiento administrativo para la toma de la decisión”.

Otro de los hallazgos refiere a “irregularidades en un caso de usucapión, en el que un vecino de la localidad intentó usucapir un inmueble y en virtud de ello, la Comuna aceptó el pago de tributos sobre la misma como acto posesorio. Luego de esto, se advierte que el titular registral de dicho inmueble abandonó dichas tasas comunales, por lo tanto se anuló la usucapión del lote. Dejándose sin efecto el pago mal recibido y devolviéndosele el dinero”.

Otro de los resultados de esta auditoria corresponde a la planta de cargos del personal “donde se advirtieron diferencias entre la cantidad de personal de planta permanente real (89) ya la cantidad de cargos de planta permanente autorizados en la Ordenanza del presupuesto por entonces vigente que fijaba el número total de personal de planta permanente en 85”.

La auditoría fue realizada mediante un convenio firmado oportunamente con la Sindicatura General de la Provincia por la actual gestión comunal.