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El 6 de junio de 2018 la pequeña localidad santafesina de Diego de Alvear vio como su rutinaria paz se veía interrumpida por un hecho tan inusual como asombroso. Un grupo de malhechores dieron el golpe en la sucursal local del Correo Argentino y huyeron con tres millones y medio de pesos. Dinero que estaba destinado al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por parte de ANSES. Un año y medio después, sus autores serán juzgados.

El fiscal Federal, Javier Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida a siete personas por el hecho ocurrido en el pueblo cercano al límite con la provincia de Buenos Aires. Una localidad de apenas 2000 habitantes que esa mañana se enteró de que tres personas 

Por tratarse de dinero enviado por el organismo nacional, la investigación estuvo dirigida desde su inicio por la Fiscalía Federal, que ordenó a la fuerza actuante diversas tareas operativas. A raíz de esas diligencias,  en septiembre de 2018 se solicitaron al Juzgado Federal una serie de medidas, entre las que se encontraban los allanamientos de los domicilios de las personas investigadas en distintas ciudades –como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junín y la propia Diego de Alvear-; en aquella ocasión se incautaron 109.800 pesos; 230.444 dólares estadounidenses; una caja de zapatillas con siete fajos de papel de tamaño similar a los billetes norteamericanos que oscilarían los 25.000 dólares; 16 teléfonos celulares; tres vehículos; dos paños de bijouterie con 50 piezas;  relojes; notebooks; CPU; tablets; pendrives; tarjetas de memoria y documentación de interés para la causa.

Con todo ello sobre la mesa, Arzubi Calvo pidió la elevación a juicio para los siete imputados en la causa. Tres de ellos están acusados por el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego y por haberse cometido en poblado y en banda. Dos más aparecen como partícipes necesarios del mismo y una tercera imputada como partícipe secundaria. Además, la fiscalía añadió una séptima persona que deberá responder en orden al delito de encubrimiento tipificado en el Código Penal.