En reiteradas oportunidades, se han puesto en cuestionamiento las posibles causas que llevaron a la región centro del país a tener los registros más altos de cáncer a nivel nacional. Antenas, plantas de tratamiento de semillas y agroquímicos son los primeros apuntados por la comunidad científica que sigue sumando estudios para alertar a aquellos que parecen no querer ver lo que está sucediendo.

En nuestra región, al problema lo sufrimos en carne propia. Lo más reciente nos lleva a la instalación de la antena en el predio de Aguas Santafesinas. La obra, que hasta el momento esta parada por la Municipalidad de Casilda, puso en alerta a los vecinos del lugar y de toda la ciudad. Pero también, hay otros focos que están en el centro de atención: localidades como Pujato, Los Molinos y Casilda tienen sus Cooperativas Agropecuarias en pleno ejido urbano. Lo mismo ocurre en Chabás con la aceitera y el Arteaga con la Agroganadera Vidoret.

Durante el año 2019, en distintas notas publicadas por este medio hemos hecho referencia incansablemente a publicaciones aprobadas científicamente que dan cuenta del daño que la emisión de químicos y señales de alto alcance generan en la población provocando graves problemas de salud.

En relación a ello, un estudio realizado por la Universidad Católica de Córdoba, que se llevó a cabo en el último tiempo en la localidad de Marcos Juárez, arrojó resultados un tanto preocupantes. Cuatro de cada diez personas que viven en cercanías de silos que almacenan granos poseen problemas respiratorios y, eventualmente, alergia, debido a la emisión de polvo de soja, trigo y maíz.

Un poco más cercano es lo que se conoció en Chabás. En el mes de agosto el gobierno local, al mando de Lucas Lesgart, llevó a cabo una serie de evaluaciones ambientales para conocer más sobre el contexto natural que rodea a los habitantes. Si bien aún falta tiempo para conocer los resultados finales, los primeros datos preliminares mostraron la presencia de glifosato tanto en la tierra, el aire y el agua.

Sumando aún más, a finales del año anterior unas muestras analizadas en nuestra región, que fueron tomadas en 3 sectores de la localidad de Arteaga, dos urbanos y uno es agua del rio Carcarañá, arrojaron que la presencia  de glifosato y arsénico superan un 80% las cantidades permitidas  y trazadas como inocuas. Lo alarmante es que un informe científico realizado por investigadores argentinos confirmó que el glifosato cuando entra en contacto con el arsénico tiene un efecto sinérgico, potencian su toxicidad, y producen consecuencias muy graves.

A principios de este año, actores judiciales se refirieron a las denuncias que acumula la empresa Bayer, cabe recordar que la firma alemana compró a la también muy cuestionada Monsanto en el año 2018. Según dio a conocer el mediador judicial Ken Feinberg, en Estados Unidos las denuncias ya serían más de 80 mil. Los últimos registros oficiales datan de octubre del año 2019 y daban cuenta de 42.700 casos, el doble a lo que se había informado en julio, tan sólo tres meses antes.

En las últimas horas, estudios científicos desarrollados por equipos de las universidades de La Plata, Rosario y Córdoba, validados en el exterior, confirmaron que la lluvia en Brinkmman y Morteros, dos localidades de la provincia de Córdoba, tiene glifosato. Estos resultados surgen de muestras tomadas a partir del año 2012 y dan cuenta de recurrentes concentraciones de herbicidas y altrazina. Incluso, se llegó a confirmar que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones de las mencionadas localidades es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos.

A su vez cabe mencionar que en varias ocasiones en diferentes localidades de Casilda y la región existieron denuncias de vecinos por olores referidos a productos utilizados en el trabajo agrario. Si bien en muchos de los casos no se pudo comprobar la procedencia, en otro sí, y los gobiernos locales tomaron los recaudos necesarios.

Muchas veces, el trabajo, las rentas y la salud no van de la mano, aunque es necesario que así sea y que las políticas de estado aporten para ello. Aunque se sepa que las ubicaciones de determinadas plantas cerealeras son históricas, hay antecedentes de sitios que se decidieron por el traslado.