El 27 de julio del año 2019 en la sala del Cine Teatro Libertador de Casilda se sortearon vía bolilla los 83 adjudicatarios de un plan que en ese momento el gobierno de Juan José Sarasola lanzó en conjunto con el gobierno de Miguel Lifchitz para obtener un terreno propio donde poder comenzar a edificar.

Pasaron apenas unos días cuando un hombre de la ciudad, Hugo Zarza, se encadenara frente al palacio municipal con un letrero que anunciaba: "Manzana 49, ojo, 21 años que poseo y compré con documentación, está en juicio con la Muni".

Esta situación sería confirmada por el propio gabinete tiempo después. Es por eso, que los 17 vecinos a los que les correspondía su parcela de manzana 49, se vieron totalmente perjudicados ya que la misma se encontraba judicializada y es disputa. La medida que tomó el Ejecutivo de ese año (2019) fue brindar otro espacio: la manzana 14 pasó a ser ahora, el tema en cuestión.

Sarasola sustituyó la manzana judicializada por otra, la 14. Lo que siempre llamó la atención fue el accionar del Estado local que concretó un plan como este, sin considerar que la justicia estaba de por medio e iba a ser prácticamente imposible que los nuevos dueños tomaran posesión de  su terreno hasta tanto el conflicto (que no se había dado a conocer hasta ese entonces), esté resuelto.

La situación hoy

Con la posibilidad de concretar que el terreno sea de cada beneficiario, hoy los vecinos (los 17 sorteados) están en constante comunicación con el gobierno de Golosetti para poder concretar determinadas acciones. Entre ellas, el mejorado del terreno y la quita de árboles para poder construir.

Teniendo en cuenta que el próximo 02de marzo comienzan las clases en la ciudad, el personal dedicado a las tareas como las anteriormente mencionadas, se encuentra abocado a sectores donde hacen base entidades educativas. Dejando por unos días la posibilidad de trabajar en la manzana número 14.

De hacer la limpieza de otra manera, es decir, abonando una empresa privada que se dedique pura y exclusivamente a eso, las arcas municipales deberían abonar algo así como 500 mil pesos. Suma importante y que ven como casi imposible de gastar desde los ojos del intendente, sobre todo en momentos financieros como los que se están atravesando.