Una historia de justicia total aconteció recientemente en la capital de la provincia de La Pampa. A tal punto que marcó un precedente, fundado en una ordenanza, y se replicó por todo el país. Un trabajador municipal fue condenado por el delito de violencia de género y quien es la víctima de ese caso, pasó a ocupar el puesto que había quedado libre.

El caso fue explicado por Gabriel Bonavita, directora de Políticas de Género y Diversidad de Santa Rosa, en Radio Casilda. Todo comenzó con la redacción de una ordenanza que se aprobó en el concejo local en enero de este año. El texto detalla que los empleados que sean encontrados culpables del delito de violencia de género no sólo serán expulsados, sino que la víctima puede tomar ese espacio de trabajo. Siempre y cuando se acredite la dependencia económica con el involucrado.

Valeria, quien sufrió maltratos a lo largo de siete años, denunció a su pareja y solicitó la aplicación de este derecho al gobierno de turno. Dado que, entre otras cosas, estaba criando a sus hijos en soledad. "A veces por el hecho de acceder a una cuota alimentaria del salario del agresor, no se realizan las denuncias. De esa manera, el calvario continúa", expresó Bonavita. Quien sumó que esos son los momentos en los cuales el estado tiene que estar dando firmemente una respuesta.

El pasado 1 de noviembre llegó la resolución para que se haga efectiva la incorporación de la mujer a la planta municipal de Santa Rosa. Fue ubicada en un área diferente a la de su agresor para evitar una posible revictimización. En La Pampa esperan que con toda la repercusión del caso, haya más dependencias que adopten políticas similares en materia de reparación con perspectiva de género.