A principios de este mes, el operativo continental contra la pornografía infantil desembarcó en nuestro país. “Luz de infancia”, la investigación internacional que comenzó en Brasil y que trabaja conjuntamente con Estados Unidos, permitió casi 180 allanamientos simultáneos en distintos países americanos.

El 9 de junio, se libraron 176 órdenes de allanamientos en seis países diferentes: Brasil, Paraguay, Panamá, Ecuador ,Estados Unidos y Argentina. En nuestro país se realizaron allanamientos simultáneos en diez provincias y culminó con un total de 29 detenidos.

Los más cercanos a nuestra localidad se dieron en la ciudad de Rosario en donde cuatro hombres fueron detenidos e imputados y la Jueza del caso les dictó prisión preventiva por 90 días.

Esta vez, quienes llevan adelante esta investigación pusieron la lupa en La Gallareta, una comuna del  departamento Vera, a  500 km de Casilda, que tiene menos de 3mil habitantes de acuerdo al censo 2010.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alertó a sus pares santafesinos respecto a que, según un reporte internacional, desde un de una computadora ubicada en esta comuna se compartían archivos con pornografía infantil. Por intermedio de empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet se constató que esto sucedía.

Allí, un comerciante de 36 años identificado como Guillermo Ramón Rodolfo L. fue detenido y acusado  como autor del delito de producción, distribución y publicación de imágenes pornográficas de menores de edad y de promoción y facilitación de la corrupción de menores. 

El detenido es conocido en el pueblo por trabajar en un kiosco que además vende pasajes de colectivo de media y larga distancia. En su domicilio secuestraron alrededor de 20 mil fotos y videos que damnifican la integridad sexual de menores de edad. Además, se encontraron videos con contenido sexual propio con los que aparentemente fomentaba la participación de menores. Distribuía todos estos elementos a través de Whatsapp, Telegram y Facebook y los compartía con usuarios integrantes de una red destinada a estos ilícitos.

Por todo esto, el juez del caso impuso la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir que puede sostenerse al menos dos años hasta la realización de un juicio oral y público o la realización de un proceso abreviado.