Luego de que se sonara el nombre del funcionario Armando 'Pipi' Traferri en la causa que tiene como detenido al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y al referente Pstricio Serjal, el senador por el departamento San Lorenzo se defendió de las acusaciones en su contra y negó todo tipo de relación que salga de lo plenamente institucional.

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri presentó este miércoles un escrito refutando las acusaciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad. El legislador, quien rebatió punto por punto las imputaciones, señaló que solo mantuvo contactos con el acusado por cuestiones institucionales vinculadas con el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y advirtió que todo se trata de una maniobra con fines políticos y por la que el acusado pretende conseguir beneficios en su prisión.

“Todos los hechos que ocurren, tienen un marco de referencia y cuentan con una causalidad. En el caso, se trata de una maniobra política que surge nítida, a poco que se tenga la entereza de mirar y escuchar la grabación de las declaraciones de Gustavo Ponce Asahad. Esto es, la política de la provincia se muda de escenario y traslada el teatro de su realización, en un trasbordo institucionalmente peligroso, al ámbito del Poder Judicial y, más precisamente, al ámbito del MPA”, señaló Traferri en el texto, luego de realizar un repaso de las circunstancias que terminaron al nombramiento como fiscal de Ponce Asahad en 2015. 

Además, explicó detalladamente en su escrito los motivos de los encuentros que mantuvo con el  ahora detenido Ponce Asahad y el ex fiscal Regional Patricio Serjal, y aseveró que siempre vinculados con sus respectivas funciones públicas.

“No fui a plantear pedidos en relación con Peiti y su familia”, remarcó el legislador luego de enumerar los temas tratados con ambos, entre los que se encontraban problemas con el funcionamiento del MPA, la organización de reuniones entre los fiscales y los senadores para tratar temas institucionales y consultas técnicas para la formulación de un proyecto de ley de la Oficina de Investigaciones.

“Mi relación con él siempre fue institucional y protocolar y nunca el tema de conversación implicó otra cosa más que el funcionamiento del MPA; ello así ya que integro las comisiones de Juicio Político y el Tribunal de Disciplina del MPA desde el año 2015”, abundó Traferri.

En ese contexto, también añadió: “Tengo registrada densa cantidad de llamados telefónicos y textos de WhatsApp, por parte de Ponce Asahad. La mayoría de ellos, desde su teléfono hacia el mío y gran parte de ellas relacionadas con favores que me solicitaba, relativos a conseguir que lo recibieran algunos políticos, otros vinculados al MPA y los más para invitarme a actos partidarios en los que tomaba parte".

Y agrega: "Cuando las llamadas partían de mi teléfono oficial, el único que poseo, se vinculaban a pedirle información sobre investigaciones donde estaban mencionadas personas del partido y con el solo fin de averiguar el estado de las mismas. Nunca hablé de otros asuntos ni recibí ni emití comunicaciones de otro tipo”.

En su escrito, Traferri también cuestionó que Ponce Asahad se refiere a la “pata política” y a “otros” políticos sin dar más precisiones. “Queda en el terreno del misterio insondable”, criticó, para luego evaluar: “El objetivo era mencionar Traferri y vincularlo con una actividad ilegal”.

En esa misma línea, sentenció: “Este diagnóstico se confirma de modo lapidario cuando el declarante se refiere a Alejandra Rodenas, y lo hace mencionando un episodio ocurrido el 7 de diciembre de dos mil dieciocho en la zona de islas frente a Rosario, y lo hace de un modo sibilino, sin aportar nada concluyente y con el solo fin de mencionarla, pues la aludida forma parte del espacio político que integro en el Partido Justicialista de Santa Fe”.

De esa manera, el senador por San Lorenzo explicita que la maniobra forma parte de “una campaña de desprestigio que lleva a cabo (el ministro de Seguridad) Marcelo Sain, contra el Senado y en particular contra el senador Traferri”.

Y señala que el MPA se “prestó” a ella. “La gravedad institucional pasa por la evidente coacción a imputados para que declaren falsedades, que permitan seguir procesos penales construidos sobre la mentira, lo que ha ocurrido en el caso de Peiti y de Ponce Asahad”, afirmó.

“Estamos ante una actuación vergonzosa del MPA local, y que cualquiera que tenga la infinita paciencia de agotar la vista del video y escuchar lo que se dice, caerá en la cuenta de estar frente a un folletín de baja estofa. Una página oprobiosa en la historia del Poder Judicial de Santa Fe”, dice sobre el final el escrito de Traferri.