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La memoria no puede ser un privilegio heterosexual

Es un 24 de marzo atípico. En medio del aislamiento social obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19), los miles de argentinos que habitualmente se reúnen en distintos puntos del país para marchar no podrán hacerlo. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se conmemora con pañuelos blancos colgando de ventanas y balcones, con cientos de hashtag que inundan las redes sociales y la convicción de que “se suspende la marcha pero no la memoria”.  

Memoria que no puede, ni debe, ser un privilegio heterosexual. A 44 años del Golpe, con un modelo ejemplar en el mundo con casi mil detenidos por delitos de lesa humanidad, los activistas de la diversidad sexual siguen denunciando que los crímenes contra personas LGBT+ no han sido aún visibilizados ni castigados.

¿Cuántos de los 30.000 desaparecidos tenían sexualidades disidentes? ¿Por qué no hubo un registro de ellos? Ese sigue siendo un interrogante y una herida abierta en el colectivo.

Perseguidos, silenciados e invisibilizados

“La cifra es un número estimativo construido por el propio movimiento para visibilizar que efectivamente hubo persecución, represión y desapariciones dentro del colectivo LGBT+. Es una parte de la población que la Conadep no tuvo en cuenta al elaborar el informe del Nunca Más”, contó a Rosarioplus.com Esteban Paulón, Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ y ex subsecretario provincial de Políticas de Diversidad Sexual.

Activistas e investigadores debaten si en la dictadura existió una campaña dirigida especialmente por el Estado para perseguir a la población LGBT+. En lo que sí están de acuerdo es que, si se conocía la orientación sexual de la persona, el tratamiento que se les daba en los sitios de reclusión era especialmente cruel.

“Lo que es seguro es que el sector militar, que asume la conducción luego del Golpe de Estado, provenía de la derecha más católica del Ejército y había un principio de defender a la familia. Dios, Patria y hogar. Había una idea de la sexualidad normatizada, y claramente en la medida en que aparecieran personas de la diversidad que fueran detenidas y torturadas, seguramente habría un ensañamiento mayor”, consideró Paulón. 

Hasta el momento sólo cuentan con el testimonio del libro publicado en 1987 por Carlos Jáuregui (La homosexualidad en la Argentina, editorial Tarso) donde el fundador de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) cuenta que el rabino Marshal Meyer, miembro de la Comisión Nacional de los Desaparecidos, le aseguró que unos 400 homosexuales figuraban en una lista de la dictadura.

El activista recordó que “no era relevante saber qué había pasado con esa población porque claramente estaba todo mucho más centrado en la persecución original a la política partidaria, sindical y estudiantil”. 

El recuerdo, parte clave de la memoria colectiva

"La comunidad estaba en un closet masivo", subraya Paulón. A la invisibilización de la comunidad se le hace frente con memoria. 

Argentina tiene su Archivo de la Memoria Trans, un proyecto donde se comparten anécdotas, fotos, testimonios y cartas de la comunidad travesti, transgénero y transexual. Una colección que expone las vidas borradas y las fotos que las familias prefirieron ocultar.

"En Santa Fe se está construyendo un archivo que esperamos que pronto pueda ver la luz", adelantó.  Además, destacó el proceso de recopilación y sistematización que se está haciendo en el Museo de la Memoria "de algunas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas LGBT+ en la ciudad de Rosario, que llega muy levemente a la época de la dictadura".

Son muchos los intentos, locales y nacionales, de rescatar la memoria colectiva de esta comunidad y poder tener su Nunca Más. 

Reparación histórica ejemplar

Santa Fe cuenta con una ley de 2012 que fija una reparación y obra social para detenidos por razones políticas, gremiales y estudiantiles durante la última dictadura.

"Recogimos la inquietud de algunas compañeras trans mayores, que ya están fueras de los circuitos de poder capacitarse o trabajar, que tienen más de 54 años, que son sobrevivientes de la época del proceso y pudieron contarnos lo que habían vivido y cómo había sido el hostigamiento y las permanentes detenciones", relató Paulón en contacto con este medio.

Y agregó: "De esos relatos conjuntos nos pareció que se podía identificar un vector de una persecución política basada en la sexualidad de las personas. Vivir abiertamente una orientación sexual o identidad de género es un hecho político".

Donde hoy funciona la Casa de Gobierno en Rosario existieron cuatro bloques dedicados a la detención de presos políticos, detenidos civiles, mujeres y uno especial para amorales, donde la mayoría de las trans que sobrevivieron a la muerte o el exilio pasaron su temporada del infierno.

El activista detalló que pudieron relevar a cerca de treinta personas y que "la mayoría ya está cobrando la prestación que brinda la ley".  Sin embargo, hace hincapié en la reparación simbólica.

El modelo santafesino no sólo es único en la Argentina y en América Latina, sino que es uno de los pocos en el mundo.

"Hoy por hoy, hay distintos proyectos en la legislatura provincial para poder extender esto a todas las personas que fueron detenidas incluso en democracia en el marco del código de faltas. Recordemos que hasta 2010 en la provincia de Santa Fe era considerado una falta“el travestismo. Ahí también hay un tema pendiente de reparación que es importante que en algún momento se abordará", concluyó Paulón. 

Así como fue complejo que apareciera la visibilización de temas como la violencia sexual en los centros de tortura y exterminio, el reconocimiento de “los 400” desaparecidos LGBT+ continúa siendo una tarea pendiente. 

Aún hoy, en democracia, los asesinatos de odio y la represión, torturas y amenazas a putos, tortas y travestis siguen sin entenderse como cuestiones políticas. 

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