En un comunicado oficial, el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Fe expresó su firme rechazo a los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo Provincial, los cuales han dejado sin efecto pases a planta permanente en diversas áreas gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Educación, la Secretaría de Género, el Ministerio de Producción y ENERFE.

Las medidas adoptadas por los decretos 0012/0013/0022 y 0023 alcanzan a alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras. En los considerandos de dichas disposiciones, se argumenta que "aún no se ha perfeccionado la relación de empleo público, por no haberse producido la toma de posesión de los agentes designados...". Es el mismo Poder Ejecutivo responsable de la toma de posesión es quien argumenta que esta falta es la razón principal de las cesantías.

ATE Santa Fe sostiene que estos decretos no solo vulneran el derecho a la estabilidad del empleo público, sino que también cuestionan un acuerdo paritario que proporcionó el marco legal para estos pases a planta. Este acuerdo, respaldado por la Ley de Presupuesto 2023, autorizó la creación de cargos necesarios para la planta permanente de aquellos contratados con anterioridad al 15 de diciembre de 2022.

En un comunicado, ATE Santa Fe declaró: "No nos oponemos a la revisión de los actos administrativos que haya que revisar. Sí a la manera en que se está haciendo. Es inadmisible poner un manto de sospecha sobre los/as trabajadores/as que pasaron a planta". El sindicato subrayó la importancia de estos empleados, muchos de los cuales pertenecen al sector de la salud, que han desempeñado roles esenciales durante la pandemia, cuidando, vacunando y atendiendo a las familias.

ATE sostiene que el Poder Ejecutivo cuenta con la información necesaria en los sistemas de Recursos Humanos de cada Ministerio y no debería requerirla directamente a los trabajadores. En respuesta a estas acciones, el sindicato anunció que tomará "todas las medidas gremiales y jurídicas que correspondan" para revertir los decretos que han llevado a la cesantía de 200 trabajadores del sector público provincial.