Uno de los abogados que trabaja en la defensa de parte de los doce detenidos el 28 de mayo en Casilda durante un raid de allanamientos antidroga cuestionó la política de persecución penal del tráfico de estupefacientes y apuntó: "Al narcotraficante hay que buscarlo en un country, ahí vive, está protegido". 

Entrevistado por Radio Casilda, Diego Haro Martínez distinguió la situación que se vive en Rosario del panorama en la cabecera del departamento Caseros, como desembocó aquella vez en un operativo que conmocionó la ciudad. Para empezar, el penalista aclaró que esta causa "no tiene nada que ver con la muerte de Francisco Quintana”, en alusión a la investigación del deceso de un adolescente de 15 años cuyo cadáver fue hallado a fines de noviembre del año pasado en una plaza casildense, con vestigios de haber consumido drogas. 

La investigación que desembocó en los allanamientos antidroga del sábado 28 de mayo, comenzó con la emisión de un parte preventivo el 17 de septiembre de 2015. Desde ese momento, Haro Martínez estudió el caso.

El letrado puso empeño en desmitificar la calidad de organización de los detenidos. “Todo el mundo sabe que esta gente no tiene redes de narcotraficantes y ni se han enriquecido. Hay detenidos por distribución y comercialización, otros por financiamiento. Son delitos graves. Hay una construcción de imputación de delito y para ello el juez necesita la probabilidad. Los que recuperaron la libertad lo consiguieron porque le dictaron la falta de mérito. Si se consigue alguna prueba más, es posible que se revoque la falta de mérito y se los procese. A veces la libertad de las personas, las garantías ciudadanas, todo lo que yo haga detrás de la puerta de mi casa tiene que ser tratado con mucho respeto", reclamó.

"Esta provincia -prosiguió Haro Martínez- en el tema narcotráfico está en llamas. Es una realidad. Casilda no padece lo que padece Rosario, donde matan hasta cuatro personas por semana por disputa de territorios y carteles. A los narcotraficantes hay que ir a buscarlos a un country. Ahí viven. Están protegidos”, aseguró el abogado.

El defensor se definió en la vereda opuesta de los políticos y organizaciones que promueven la iniciativa del Buzón por la Vida. “La mamá de un chico -opinó- que consume no necesita ningún buzón de la vida. Puede ir y decirle a la policía que el que vende es tal y tal y deben investigarlo. Pero la policía pega media vuelta y no dice nada. Rechazo toda esta movida desde el punto de vista legal y ciudadano. Las denuncias anónimas no sirven. Hay que investigar otras cuestiones. Yo voy a contar lo que vi en el sumario. (El ministro de Seguridad, Maximiliano) Pullaro es un político. Nuestra gente merece algo mejor. Un fiscal no puede creer ciertas cuestiones y decir lo que dijo del joven Quintana, tristemente fallecido”, culminó Haro quien continúa elaborando su estrategia.

Mientras tanto, el juez de segunda instancia evaluará lo realizado por el juez de primera instancia para seguir dando pasos en la investigación que aún está en curso.