La fiscal penal de Casilda Marianela Luna imputó este miércoles por el delito de homicidio culposo a dos docentes que el 20 de marzo pasado estaban a cargo del Centro de Cuidados Infantiles de Chabás, de donde se perdió Marcos, de 4 años, que poco después fue hallado sin vida.

La resolución surgió como desenlace de la audiencia imputativa celebrada este miércoles en la Fiscalía casildense, respecto al caso de ese niño que fue encontrado por los bomberos locales en el Parque Centenario

Marianela Luna en Chabás
Marianela Luna en Chabás

Luna estuvo presente en Chabás el fatídico 20 de marzo, minutos después de conocerse la triste noticia y luego se entrevistó con las maestras a quienes volvió a ver en la audiencia, esta vez junto a sus abogados. "Se las imputa en el carácter de autor por el delito de homicidio culposo. Continúan el proceso en libertad porque el delito lo permite hasta tanto haya una condena o un cambio de calificación legal que amerite tomar otro tipo de decisión", dijo la Fiscal.

La audiencia se postergó hasta 15 días después del suceso ya que una de las docentes cambió de abogado defensor: resignó el letrado que se le había asignado a través de la Defensa Pública y contrató un abogado particular. El miércoles sólo declaró la más joven de las docentes, pero sus dichos quedaron bajo secreto de sumario. La madre tutora que estaba presente aquel día aún no fue citada aunque podría serlo más adelante, ya que se analiza esa posibilidad.

La familia de Marcos se constituirá como querellante en las próximas horas, según adelantó la fiscal que este jueves se reune con los padres y su abogada. "Me lo manifestaron. No tengo el escrito presentado pero entiendo eso por una solicitud en la que me pidieron algunos datos a los fines de constituirse como querellantes", declaró Marianela Luna.

En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de pedido de informe para aclarar los términos en los cuáles funcionaba el CCI, qué tipos de convenios se habían firmado y cuál era la situación contractual de las docentes. En ese sentido, Fiscalía solicitó documentación y los registros al Ministerio de Trabajo, quienes respondieron que el contrato estaba caduco al momento de los hechos y que si bien la prórroga fue solicitada por la comuna, aún no había sido otorgada.