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Tras la audiencia imputativa celebrada este mediodía en el Ministerio Público de la Acusación, el Juez Eduardo Filocco determinó la prisión preventiva por 90 días para Ramón M., ex árbitro de la Liga Casildense de Fútbol acusado de cometer abusos sexuales.

La Fiscal Marianela Luna entrevistó a sus hijastras, hoy mayores, para solicitar la prisión preventiva sin plazo para este hombre de 55 años. Dichos testimonios se sumaron al aportado por su hija biológica de 13 años, quien fue interrogada por la psicóloga de policía en una cámara Gesell. A Ramón M. se lo acusa de cometer abuso sexual con acceso carnal calificado sobre la menor, abuso sexual con acceso carnal agravado sobre una hijastra que hoy tiene 23 años, y abuso sexual gravemente ultrajante para otra de sus hijastras, de 20 años.

Las dos últimas presuntas víctimas actualmente viven en la localidad de Sanford ya que decidieron irse de su casa de calle Catamarca donde aún residía su madre con el acusado. En esa localidad vive otra de sus hermanas, aún mayor, quien a pesar de haber dado su testimonio no instó acción penal.

La Fiscal manifestó que todas las acciones se habrían dado del mismo modo. Según los relatos, el hombre habría abusado de todas cuando eran menores, antes de dirigirse a su trabajo, amenazando a verbalmente a las niñas o bien, llegando al límite de usar un cuchillo.

A la denuncia que la menor registró acompañada de sus hermanas en la comisaría de la mujer, continuaron entrevistas con la psicóloga de la Policía de Investigaciones y la trabajadora social de la Fiscalía. Más tarde, el doctor Raúl Rodríguez realizó un informe forense en el que constató un desgarro y marcas de abuso en la menor de vieja data. Esas secuelas se condicen con los abusos que habría sufrido cuando la niña tenía entre 7 y 8 años.

La concubina de Ramón M. y madre de las presuntas víctimas también fue entrevistada por personal de Fiscalía aunque fue reticente a la hora de brindar testimonios y se mostró preocupada por cómo mantener la economía de su familia ante la eventual ausencia del acusado. Según las palabras de la fiscal, Alejandra S. admitió que el último 9 de julio, en una reunión familiar las presuntas víctimas le dijeron cara a cara al acusado todo lo que les habría hecho pasar, lo cual sembró dudas en su persona pese a que no puede dar cuenta que eso haya ocurrido.        

La defensa encabezada por la doctora María Soledad Carrozza se opuso al pedido de la Fiscal aduciendo que los testimonios no alcanzaban a tipificarse como pruebas, que el informe médico no resultaba vinculante con su defendido y que incluso uno de sus hijos se mostraba dispuesto a alojar a su padre en su domicilio para que se le otorgue una prisión domiciliaria con salidas laborales. El Juez Filocco no hizo lugar a esto, pero dio un plazo de 90 días para determinar si el acusado es culpable o inocente de los cargos por los cuales se lo acusa. En caso de serlo, deberá cumplir efectivamente una pena que en expectativa es de alta magnitud.