Este lunes se conmemora un nuevo Día de la mujer que, una vez más, llega envuelto en jornadas de lucha y concientización sobre la violencia de género y la violencia machista. 

Hace apenas una semana, organizaciones feministas llevaron adelante diferentes recopilaciones de datos y estadísticas y determinaron que en Argentina matan a una mujer cada 30 horas y que, hasa el último día de febrero, eran 47 los femicidios contabilizados en nuestro territorio nacional. 

Pero estos datos no implican únicamente una herramienta de visibilización sino un argumento más en la lucha para la declaración de la Emergencia Nacional Ni Una Menos. Durante la jornada de este último miércoles, MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) presentó en el Congreso Nacional el proyecto para que se haga efectiva la declaración de dicha emergencia. 

Los puntos más importantes del proyecto son los siguientes: 

Más presupuesto y RRHH para asistencia integral en estados locales: Es indispensables que todas las localidades del país cuenten con presupuesto y con personal capacitado para atender a mujeres víctimas de esta problemática y para brindarles contención tanto a ellas como a los familiares de víctimas de femicidio. 

Protocolo de actuación y seguimiento para agentes de fuerzas de seguridad que ejercen violencia: Gracias al trabajo de investigación que se realizó, se pudo determinar que existe un alza en el porcentaje de femicidios y/o episodios de violencia de género perpetrados por agentes de fuerzas de seguridad. El caso de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía y femicida Matías Martínez es el caso más resonante de los últimos meses.

Asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito para víctimas y familias: A la hora de denunciar un episodio de violencia de género o un femicidio en el caso de los familiares, es indispensable contar con la posibilidad de ser representadas/os por abogados y agentes especiales, quienes deberán asesorar y patrocinar a las vícitmas y representarlas en momentos cruciales de las causas en donde el desconocimiento técnico y judicial potencia la sensación de desamparo. 

Registro único de denuncias por violencia de género y de situaciones de violencia: Estos registros unificados serán cruciales al momento de detectar episodios reiterativos de un denunciado, pero también para descubrir patrones, realizar un diagnóstico y poder pensar en políticas públicas y de prevención frente a estos nuevos parámetros. 

Asistencia económica: La asistencia económica, tanto para las víctimas de violencia de género como para los familiares de las víctimas de femicidio es también una parte fundamental del proyecto. La independencia económica es vital para poder abandonar el hogar que se comparte con el agresor. 

Dispositivos electrónicos y monitoreos para los agresores: Son incontables los casos en que los femicidas o agresores tenían restricciones perimetrales previas y las violaron sin ningún tipo de inconveniente. Por ello, y para terminar también con el hostigamiento que sostienen sobre las víctimas, es necesario que se controlen y se conozcan los movimientos de los agresores. 

Plena aplicación de la ESI y de la Ley Micaela: La Educación Sexual Integral será una herramienta fundamental de prevención de abusos sexuales y de situaciones violentas, mientras que la Ley Micaela, aquella que exige la capacitación en género y violencia de género de todos los actores sociales, permitirá que aquella mujer que se anime a denunciar a su agresor lo haga con la seguridad de recibir contención y respuestas por parte del Estado. 

Además de estos puntos, es necesario que se fortalezcan las organizaciones que trabajan en estos temas y que el Estado, en todos sus niveles, teja redes comunitarias que acompañen a las víctimas de violencia de género y a sus familias.