Pasaron dos años de la muerte de Chiara Baéz, la rufinense de 14 años que fue asesinada por su novio de 16, quien en agosto pasado fue condenado por femicidio. Para recordarla y que estos crímenes tan crueles no se repitan, cada 3 de junio se celebra el #NiUnaMenos y en vísperas del mismo, la diputada provincial del Frente Social y Popular, Mercedes Meier presentó un proyecto de ley para que se declare la Emergencia Provincial en Violencia contra las Mujeres.

La casildense Claudia Giaccone.
La casildense Claudia Giaccone.

El plan cuenta con el acompañamiento de la casildense Claudia Giaccone y la firma de los legisladores Carlos del Frade, Silvia Augsburger, Victoria Tejeda, Jorge Henn, Patricia Chialvo y Leandro Busatto. La representante local del Bloque Juntos por Santa Fe coincide con que la provincia está en emergencia y lo manifestó. "La venimos pidiendo desde hace años. Movilizamos a la provincia para la adhesión a ley nacional contra todos los tipos de violencia, y pedimos una reglamentación que tardó en ponerse en practica. Los índices de femicidios son altísimos. La emergencia tiene que dar recursos y herramientas para prevenir y tener respuestas ante las situaciones de violencia en los casos que se denuncian. Después de eso, tenés que proteger a la mujer, solucionar lo habitacional, laboral, y muchas otras cuestiones que se aplican a castigar a los violentos", le dijo Giaccone a CasildaPlus.com.

Entre las principales medidas que impulsa el proyecto de ley se insta a implementar el Plan Provincial de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres previsto por el artículo 9º inciso a) de la Ley Provincial Nro. 13.348 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que ya se encuentra vigente.

El proyecto establece la duración de la emergencia en un plazo de 2 años, pero prorrogable por 2 años “si subsisten las causas que dieron origen a la misma”. En la ley se fija que a los fines de cumplimentar el objetivo de la misma se deberán asignar partidas presupuestarias específicas y se faculta al ejecutivo para disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas.