Cayó “la peor banda de secuestradores de los últimos diez años”, que atacó a un empresario de la zona
Claudio Coto, un individuo conocido por su historial delictivo, fue detenido en su residencia en Martínez tras una operación llevada a cabo por la Policía Federal. Anteriormente condenado por una serie de robos y por el uso de identificación falsa, su trayectoria delictiva ha estado marcada por la formación de empresas y su deuda pendiente con una entidad bancaria destacada
A pesar de la posibilidad de compartir detalles reveladores durante su indagatoria del miércoles, Claudio Daniel Coto optó por mantener silencio. Este individuo de 62 años, originario de Banfield y residente en San Isidro, fue arrestado recientemente en una vivienda de alquiler temporal en Martínez. Se le acusa de liderar una peligrosa banda dedicada al secuestro de empresarios y sus familiares durante los últimos dos años, con la intención de obtener cuantiosos botines, estimados en hasta tres millones de dólares.
La complejidad logística y la brutalidad de sus ataques sorprendieron a las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado. Junto a él fueron capturados otros cinco miembros de la banda, aunque aún queda un fugitivo por localizar en esta investigación de gran envergadura, bajo la supervisión de la División Antisecuestros de la PFA y la participación de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Di Lello y Santiago Marquevich de la UFECO.
El modo de operar de Coto y su grupo, casi teatral en su ejecución, parecía pertenecer a un pasado remoto. Mientras el secuestro extorsivo había menguado en los últimos quince años, limitándose a golpes breves y criminales que exigían rescates, la banda de Coto revivió el modus operandi antiguo: secuestros prolongados con negociaciones extenuantes, sometiendo a sus víctimas a un tormento emocional.
A pesar de presentarse como un comerciante común, los registros muestran que Coto acumula una deuda considerable con una entidad bancaria importante y está vinculado a negocios de taxis y remiserías según los archivos de la AFIP. Aunque en apariencia sus empresas parecen simples fachadas, sin números de identificación fiscal ni cuentas bancarias asociadas, podrían haber sido utilizadas como frentes para actividades ilícitas.
Su implicación en actividades criminales es extensa. Dentro de la banda de secuestradores, Coto desempeñaba un papel clave: la selección de víctimas, un aspecto crucial identificado por un funcionario judicial familiarizado con sus acciones delictivas.
Coto cuenta con un historial legal considerable, con numerosos expedientes en su contra por varios delitos. En mayo del año pasado, el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín, presidido por la jueza Nada Flores Vega, dictaminó una sentencia acumulativa de tres años y seis meses de prisión. En ese momento, Coto estaba disfrutando de la libertad condicional, otorgada en noviembre de 2021 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Entre Ríos, tras ser condenado por robo agravado, uso de documento público falso y su complicidad en otro robo agravado, cometidos entre 2014 y 2017, además de otra condena adicional por uso de documento falso.
Néstor Adrián Santabaya, de 59 años, era su lugarteniente, reconocido como el jefe operativo. Fue arrestado por la Federal en una celda de la Policía de la Ciudad, donde se encontraba detenido por un robo de gran envergadura. Con domicilio en Wilde y también registrado en el sector de transporte según los archivos de la AFIP, Santabaya había sido encarcelado previamente en una institución penitenciaria federal.
Los investigadores de este caso han asociado a Coto y a Santabaya con otro robo de gran magnitud perpetrado en Gualeguaychú, lo que demuestra la amplitud y la peligrosidad de sus operaciones delictivas.
Entre las víctimas de esta banda se encuentra un empresario de la zona, quien sufrió una experiencia horrorosa a manos de estos criminales. Fue privado de su libertad, sometido a torturas y despojado de sus pertenencias. El empresario, proveniente de una pequeña localidad, había proporcionado información crucial a las autoridades judiciales locales que nunca se incorporó a la investigación principal. Además, había alertado sobre seguimientos e inteligencia del que estaba siendo objeto, datos que el fiscal y la policía no los tuvieron en consideración. Pero si la unidad de delitos complejos y la fiscalía federal, que los pudieron vincular con la investigan que pesaba sobre esta peligrosa banda