En enero del año 2013 se promulgó la Ley N° 26.811 que establece al 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, en memoria a las víctimas de la Masacre de Budge. 

El 8 de mayo de 1987, tres jóvenes del barrio Ingeniero Budge fueron asesinados por efectivos de la policía bonaerense. Así, las muertes de Oscar Arades, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera darían paso a lo que sería luego conocido como gatillo fácil.

El objetivo de este día es «recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos»

Para que un caso se considere en el marco de violencia institucional debe contar con tres elementos bien característicos: prácticas específicas como asesinato, aislamiento, tortura, etc., que necesiten para desarrollarse de la presencia de funcionarios públicos ya sea porque llevan adelante la acción o porque la permiten y, por último, estos sucesos deben darse en contextos de restricción de autonomía y libertad tales como situaciones de detención, de internación, de instrucción, etc.

La pandemia ha provocado la disminución de muchísimas cosas pero la represión y la violencia institucional continúan a la orden del día. Como cada año, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) ha confeccionado un informe sobre los casos de violencia institucional, asesinatos o muertes dudosas relacionadas a las fuerzas de seguridad.

Aquí el documento completo del año 2020:

Archivo por fecha-1851-1908.pdf