Varias personas están acusadas como partícipes necesarios, como el director de asuntos jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, ex empleado de los Vidoret, que trabajaba para un estudio jurídico de la ciudad de Rosario. También la directora de Medio Ambiente de la localidad de Arteaga, Marina Vinay, que culpó al presidente comunal y al entonces abogado de la comuna Augusto Vidoret (sobrino y abogado de la firma), de haber actuado solo y sin su aprobación en su declaración a la Justicia.

Mega denuncia en los tribunales federales contra Agroganadera Vidoret

Además, se pone en duda el accionar del fiscal Baños, por sus sospechosas actuaciones, donde habría avisado a la empresa imputada antes de realizar diversas medidas.

La lista continúa en las innumerables fojas de la denuncia, donde se destaca la rápida autorización otorgada, una vez perdidas las elecciones provinciales, y con una dudosa inspección mientras la planta seguía cerrada. Esto hace imposible determinar si funcionaba correctamente y sin contaminar a los vecinos y el lecho del río Carcarañá. 

Curiosamente, San José de la Esquina, recientemente nombrada ciudad, tiene que consumir agua en bidones por la alta contaminación de dicho río que impide su potabilización. Lo mismo ocurre con otras ocho localidades a la vera del Carcarañá, donde las aguas siguen bajando turbias hoy más que nunca.

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La denuncia deja claro que el Carcarañá es un importante afluente del río Paraná, que es una vía navegable y de injerencia federal. Esto también implica la participación del Ministerio de Medio Ambiente y el senador Rosconi, donde a pesar de los elementos aportados a la causa no se hay un compromiso para defender la salud de las personas expuestas a esta contaminación, dando lugar a facilitar el negocio en detrimento de la vida. Los denunciantes tienen sospechas del actuar de los funcionarios favoreciendo “dudosamente” a la empresa.

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Según la denuncia, una de las más de 25 pruebas presentadas, "la Brigada del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA se constituyó el 31 de agosto de 2022 en las instalaciones del predio donde funcionan VSA y AGV para realizar una inspección ocular. Cabe aclarar que en ningún momento ingresaron al predio, sino que lo hicieron por los alrededores del mismo. En dicha tarea, constataron “un vuelco de un caño que salía de forma perpendicular a la empresa y volcaba un líquido de color rojizo a la zanja perimetral”, tomando muestra de dicho líquido – previa autorización fiscal – para su posterior análisis en el laboratorio químico. -

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La muestra fue analizada por el Laboratorio Central Agua y Saneamientos Argentinos S.A., lo que arrojó que “la muestra líquida ML1 precintada bajo los números 0541380 y 0541379 evidenció que la demanda química de oxígeno se encuentra por fuera del parámetro establecido en la Resolución Nº108983 de la provincia de Santa Fe. Asimismo, la muestra presentó una coloración manifiesta a simple vista por lo que infringe el inciso 10 del “Título C de la presente norma, el cual establece: No se permitirá la descarga de efluentes intensamente coloreados o de color ofensivo. A pesar de las metodologías y análisis llevados a cabo, no se pudo determinar el compuesto que genera la alteración en el medio. Otro punto para destacar es el elevado contenido de fósforo total hallado. (…) El valor de concentración encontrado es más de mil veces superior al límite”.-

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También se solicita que "En función de lo expuesto, entiendo que la calificación legal que corresponde atribuir a Érika Gonnet, Julián Vignati, Guillermo Carro y Augusto Vidoret es la de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso real con el delito de asociación ilícita agravada (Art. 248 y Art. 210 bis inc.H del CP).-

La calificación legal que corresponde a Marcelo y Eduardo Vidoret es la del delito asociación ilícita agravada (Art. 210 bis inc. H del CP).-

Este oscuro capítulo continúa su curso en los tribunales, mientras el daño ambiental permanece sin responsables. Los niños y niñas crecen en un entorno desolador. Será Justicia?